En los últimos días, se habló mucho sobre la iniciativa que lleva adelante el ente regulador que tiene a su cargo el sector televisivo, CONATEL, de actualizar el marco regulatorio que rige actualmente. A raíz del proyecto de modificación de la ley 642/95 que lleva adelante el organismo, se generó mucha confusión sobre el significado de la regulación en sí y el alcance que ésta podría tener cuando involucra a medios de comunicación. Pero más allá de la polémica, es importante explicar por qué existe la regulación, cuál debería ser el fin de la misma aplicada al mercado televisivo, y por qué no debe confundirse un marco regulatorio orientado a corregir fallos de mercado con una intervención en la línea editorial o periodística de un medio. Son cosas totalmente distintas que vale la pena aclarar.
Según la ley 642/95 de Telecomunicaciones, ¨corresponde al Estado el fomento, control y reglamentación de las telecomunicaciones¨. Para realizar tal función encarga su implementación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Entre las múltiples funciones otorgadas al ente, está también la de ¨prevenir conductas anticompetitivas y discriminatorias y las bajas o alzas artificiales de precios¨, para citar alguna de sus funciones.
Paraguay, como varios países en latinoamérica, presenta una estructura de mercado oligopólica. Esto significa, pocos oferentes. Por definición, en mercados con estas características, los pocos operadores tienden a ofrecer un servicio que dista en calidad y precio a lo demandado por el mercado. ¿Por qué existen pocos operadores? Porque el espectro radioeléctrico tiene una cantidad limitada de frecuencias que pueden ser operadas por los prestadores del servicio, que entonces deben ser administradas por el estado. Es allí donde nace la primera y gran barrera de mercado. Esto crea ya de hecho el oligopolio, que entonces justifica la intervención estatal.
Para citar otra característica de ineficiencia que presenta el mercado de la tv local, es el exceso de programas enlatados del exterior que llegan a precios bajísimos a nuestro mercado, y que fueron generados con inversiones millonarias en origen con economías de escala generando asimetrías que deberían ser atendidas por el regulador. Esto es similar a lo que ocurre en otros sectores de la economía, que de hecho cuentan con esquemas de protección, de manera a permitir que los productos locales puedan ser competitivos.
¿Por qué no dejar que el mercado sólo logre el equilibrio? Porque es imposible. De partida, las señales son limitadas, no permitiendo que ingresen libremente competidores, y las inversiones en infraestructura muy costosas por lo que no es fácil el acceso al mercado. Allí nace la necesidad de un marco regulatorio que fomente la competencia. Los grandes perjudicados en esta situación son los televidentes que no reciben un producto de calidad. También los productores nacionales, que les es casi imposible competir contra productos extranjeros que han obtenido una enorme inversión en el país de origen y aquí se comercializan a precios muy bajos. En general, la sociedad toda es la que pierde cuando lo producido no está de acuerdo con lo demandado.
Ante la situación antes descripta, el regulador debe buscar formas para que el mercado goce de mayor competencia. En el caso de la producción nacional, existen diversas herramientas ya utilizadas en otros países para incentivar a los productores locales que han dado buenos resultados. Sin embargo, hoy el ente no tiene entre sus funciones esto. Hasta ahora, como podrán ver, no hemos hablando en ningún momento sobre un control estatal de los contenidos en sí ni de lo que difunden las emisoras. Estamos hablando simplemente del mercado y las características que presenta el sector televisivo.
¿Por qué se debería incentivar la producción audiovisual? El BID (Banco Interamericano de Desarrollo), impulsó en los últimos años el concepto de Economía Naranja. Con esta definición promueve la iniciativa de incentivar a las industrias creativas, en miras al desarrollo de los países latinoamericanos. Paraguay necesita diversificar su economía y poner foco en varios sectores productivos. Estados Unidos ha demostrado con su ya famosa industria del entretenimiento, cómo los contenidos audiovisuales pueden ser un factor importante de ingresos a la economía. La producción audiovisual da trabajo a muchas familias, incentiva la creatividad, fomenta la cultura y la identidad nacional y es un factor importante ya que ayuda a mostrar una imagen de país en un mundo que demanda cada vez más contenidos de calidad. Además, tener mayor cantidad de voces, ideas, historias, nos aseguran un excelente ejercicio de la libertad de expresión.
En dicho punto es interesante detenernos, ya que un marco regulatorio, de llevarse adelante eficientemente, debe asegurar la libre expresión. Nada tiene que ver una regulación orientada a corregir fallas de mercado y la búsqueda de un equilibrio, al control de un medio de comunicación. Como en algunos países latinoamericanos el tema ha cobrado un tinte político, tiende a confundirse el enfoque y a entrar en un terreno confuso.
Entonces y para terminar, regulación no es sinónimo de censura. La libertad de expresión se ve amenazada cuando un país no puede contar historias, no cuenta con programas de opinón ni debate o cuando por la ineficiencia del mercado, no deja crecer un sector de producción que bien podría aportar crecimiento a la economía local, generar empleo y convertirse en un potencial rubro exportador. Debemos buscar un consenso entre todos, y sin ánimo de perjudicar a nadie, sino todo lo contrario. El objetivo debe ser el bien común y buscar las formas de fortalecer una industria que puede aportar al crecimiento de todo un país. De nosotros depende tener la televisión que queremos.
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